En el marco de un proceso que comenzó en 2022 con diversos espacios de debate y consulta, UNESCO elaboró una guía de referencia para que gobiernos, reguladores, y empresas tomen medidas que garanticen un entorno democrático en línea, proponiendo una mayor transparencia de las plataformas y garantías al debido proceso.
La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, sostuvo en febrero de este año que las iniciativas reguladoras sobre las plataformas digitales que se desarrollan en cada país de forma aislada, están condenadas al fracaso. “Nuestras reflexiones deben tener lugar a escala mundial”, sostuvo. Con estas palabras, daba impulso al diálogo global sobre la regulación de plataformas de Internet, que la UNESCO lleva a cabo desde 2022 y que culminó con la publicación de una serie de orientaciones que pretenden ser una referencia.
A principios de noviembre de 2023, se dio a conocer el resultado final del proceso desarrollado por la UNESCO, una guía con orientaciones para la elaboración de regulaciones democráticas, planteando deberes, responsabilidades y funciones que deberán cumplir los Estados, las plataformas digitales, la sociedad civil y los reguladores, para lograr “un entorno propicio para la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Esta guía fue elaborada con aportes de múltiples partes interesadas -incluida la de OBSERVACOM, quien también coordinó el proceso de consulta en América Latina-, y se enfoca en una regulación de procesos y no sobre la moderación de contenidos.
El rol de los Estados
De las directrices se desprende la importancia de los deberes de los estados.
Se destaca que para aplicar una regulación democrática, sin ejercer presiones ilegítimas que puedan afectar la libertad de expresión u otros derechos humanos, los estados deben abstenerse de “imponer medidas que impidan o perturben el acceso general a la difusión de información”.
Las directrices sostienen que en cualquier tipo de regulación, las plataformas tienen que dar a conocer “los sistemas o procesos que han implementado para garantizar que se aplica la debida actuación en materia de derechos humanos”, incluyendo evaluaciones de impacto de sus acciones y políticas sobre los derechos fundamentales.
Transparencia
A su vez, las directrices establecen que las empresas que administran estos entornos digitales de contenido, deben comunicar periódicamente a los usuarios cómo actúan en relación con sus condiciones de servicios privadas y las normas de la comunidad, brindando información sobre los efectos, resultados e impactos que generan los sistemas de moderación y curación de contenidos.
Esta transparencia “debe ser significativa” -clara, concisa y tan detallada y compleja como sea necesario”, es necesario informar los procesos utilizados para sancionar a las personas usuarias, las demandas gubernamentales de eliminación, restricción o promoción de contenidos, los tipos de contenidos que se consideran prohibidos, al mismo tiempo que explicitar las circunstancias por las cuales se suspenderá la cuenta de un usuario, ya sea de forma permanente o temporal.
Asimismo, se sostiene que tanto el diseño de estos espacios, como las normas para la moderación y la curación de contenidos de las plataformas, deben garantizar los derechos humanos y el debido proceso, así como la no discriminación y la igualdad de trato.
Responsabilidades de las empresas
La guía también incluye orientaciones respecto a que todas las plataformas deben de rendir cuentas ante las partes interesadas, estableciendo mecanismos -eficaces, rápidos y accesibles- que le permitan a los usuarios reportar quejas y posibles incumplimientos de servicios y políticas de las plataformas, así como para apelar sus decisiones.
El documento de la UNESCO establece que las plataformas deben tener sus condiciones de servicio disponibles en el idioma oficial y en los idiomas principales de cada país donde operan, en busca de garantizar a los usuarios respuestas en su propio idioma, así como establecer mecanismos “en la plataforma y externos” que permitan a las personas usuarias (y a las no usuarias, si se ven afectadas por un contenido específico) expresar sus preocupaciones y obtener la reparación adecuada”.
La UNESCO se compromete a brindar apoyo a los Estados, a la sociedad civil y a los principales actores digitales, para que adopten lo dispuesto en el documento y “el modo de funcionamiento de las plataformas se ajuste plenamente a nuestros valores y a la normativa internacional en materia de derechos humanos”.
Es relevante destacar que durante el proceso del debate sobre estas directrices para la regulación de las plataformas digitales de Internet, organismos reguladores de todo el mundo apoyaron la iniciativa de UNESCO, e incluso la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica (PRAI) buscó “alinearse” a estas directrices y su implementación.
